La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un concepto que toma cada día más fuerza como un medio no solo de mitigación del impacto que provocan las compañías en su entorno, sino que también como un elemento más dentro de las estrategias de negocios de las compañías. A su vez esta incorporación de la RSE a las líneas de negocios no distingue ámbitos locales o internacionales, y resulta comprensible y esperable que los ordenamientos tributarios internos incorporen criterios claramente definidos en cuanto al tratamiento fiscal de las erogaciones destinadas a este tipo de políticas corporativas.
Es precisamente en este orden de ideas que el Ministerio de Hacienda de Chile se encuentra trabajando en la preparación de un reglamento que siente las bases y criterios en torno al tratamiento impositivo que deben recibir las sumas destinadas por parte de las compañías a políticas de RSE. Esto en atención a que, en el último tiempo, la Agencia Fiscal chilena no ha sido uniforme en sus parámetros al momento de aceptar como gasto este tipo de desembolsos, generando un espacio de incertidumbre en torno a esta materia, ante lo cual, las compañías comprensiblemente optan por abstenerse a la hora de ejecutar medidas de RSE, en lugar de arriesgarse a que la Administración Fiscal chilena cuestione la utilización de estas sumas como gasto en la determinación de sus impuestos.
Este trabajo del Ministerio de Hacienda implica la colaboración activa de distintas carteras de la Administración chilena, tales como los Ministerios de Economía, Desarrollo Social, Energía, Minería y Relaciones Exteriores. Lo anterior demuestra que el Estado de Chile comprende que una regulación eficiente y clara en torno a la RSE, genera beneficios recíprocos tanto para la comunidad como para el mundo empresarial, por tratarse de un desarrollo que busca el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental.
En definitiva, se espera que el citado reglamento vea la luz dentro de este segundo semestre, momento en el cual tanto las compañías nacionales como internacionales tendrán acceso a un marco regulatorio fiscal más claro y uniforme en lo que a gastos en RSE se refiere.
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