1 . junio . 2016

España refuerza el control fiscal global con el Modelo 720

España consolida el Modelo 720 y se apoya en acuerdos internacionales para intensificar el control sobre bienes no declarados en el extranjero.

En contexto 

En un escenario de creciente cooperación fiscal internacional, España ha reforzado significativamente su control sobre los bienes mantenidos por sus contribuyentes fuera del país. El Modelo 720, ha sido un instrumento clave implantado en 2013 y ha sido un pilar en la estrategia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para combatir la evasión fiscal y alinear al país con los estándares globales de transparencia.

Actualmente, la combinación de regulaciones internas y acuerdos multilaterales de intercambio de información convierte a España en uno de los países más activos en la fiscalización de activos en el exterior. Esta tendencia está respaldada por organismos como la OCDE, el Consejo de la Unión Europea y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.

 

El Modelo 720: origen y evolución

El Modelo 720 fue creado por la Ley 7/2012 Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude y tiene como objetivo obligar a los contribuyentes residentes en España a declarar sus bienes y derechos situados en el extranjero: cuentas bancarias, inmuebles, valores, seguros y rentas. Su objetivo principal era detectar patrimonios no declarados que escapaban al radar del fisco español.

En su primer año de aplicación, más de 131.000 contribuyentes declararon activos por valor de 92.000 millones de euros, equivalentes al 8,8% del PIB de entonces, según datos de la AEAT.

Desde entonces, y pese a críticas sobre su severidad, el Modelo 720 ha permitido recaudar miles de millones de euros en activos ocultos, especialmente en jurisdicciones de baja tributación o con banca opaca.

Aumento sostenido en las declaraciones

Según cifras oficiales de AEAT, hasta 2021 (últimos datos disponibles antes de la sentencia del TJUE), se habían regularizado más de 160.000 millones de euros a través de este modelo. Esta cifra refleja un aumento sostenido impulsado por:

  • La amenaza de sanciones muy elevadas (hasta 5.000 euros por dato omitido).
  • El miedo al cruce de información automática con países socios.
  • Las acciones coordinadas de inspección de la AEAT.

 

La cooperación internacional como motor de cumplimiento

Uno de los factores clave que ha reforzado la utilidad del Modelo 720 ha sido la creciente red de acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria.

España es parte activa del Common Reporting Standard (CRS), desarrollado por la OCDE, y que permite a más de 110 países intercambiar automáticamente información sobre cuentas bancarias y otros activos financieros. Desde 2017, el CRS ha transformado la fiscalización internacional, reduciendo drásticamente el atractivo de ocultar patrimonio en el extranjero.

Según declaraciones de del exdirector de la AEAT, Santiago Menéndez a varios medios de comunicación: “Cada vez tenemos más acuerdos con más países. Y cada vez queda más claro que es mejor declarar que no hacerlo: las sanciones son mucho mayores en este último caso”.

Además, España ha suscrito el Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, que incluye cláusulas de cooperación, auditorías conjuntas y asistencia en cobro.

 

El Modelo 720 ante la justicia Europea

A pesar de sus logros, el Modelo 720 enfrentó un importante impacto en enero de 2022, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que las sanciones asociadas eran desproporcionadas e incompatibles con el Derecho de la UE (Sentencia del TJUE, asunto C-788/19).

El tribunal criticó especialmente tres aspectos:

  1. Las multas fijas por no declarar.
  2. La imprescriptibilidad de las ganancias patrimoniales no justificadas.
  3. La severidad de las sanciones en comparación con otras infracciones fiscales.

Como respuesta, el Gobierno español reformó el régimen sancionador del Modelo 720 mediante el Real Decreto-ley 3/2022, eliminando las sanciones automáticas y ajustando el tratamiento jurídico de las rentas no declaradas.

No obstante, la obligación de declarar sigue vigente, y su incumplimiento puede implicar procedimientos de inspección complejos y sanciones adaptadas al marco normativo actual.

 

Recomendaciones para contribuyentes e inversionistas

A la luz del entorno regulatorio actual, es clave que los contribuyentes españoles o con residencia fiscal en España consideren lo siguiente:

  • Declarar en plazo (entre enero y marzo de cada año) los activos que superen los umbrales establecidos: 50.000 € por categoría.
  • Consultar a asesores fiscales especializados, sobre todo si existen estructuras complejas (fundaciones, trusts, holdings).
  • Verificar si su país de residencia o de inversión tiene convenios CRS con España.
  • Aprovechar mecanismos de regularización voluntaria en caso de omisiones previas.

España ha dado pasos firmes hacia una fiscalidad más transparente, en línea con los estándares globales. Aunque el Modelo 720 ha sido reformado tras el fallo del TJUE, sigue siendo una herramienta fundamental en la lucha contra la evasión internacional.

La cooperación entre fiscos, la trazabilidad digital y el intercambio automático de información han elevado el riesgo de detección para quienes aún no han declarado correctamente sus activos en el extranjero. Por tanto, anticiparse, declarar y cumplir sigue siendo la mejor estrategia para evitar sanciones y asegurar tranquilidad jurídica.


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