En un entorno globalizado como el actual, las transacciones entre empresas de un mismo grupo empresarial, ubicadas en distintas jurisdicciones, han llevado a los gobiernos a implementar regulaciones conocidas como Precios de Transferencia. Estas normativas buscan garantizar que los precios pactados entre empresas relacionadas sean consistentes con el principio de libre competencia, evitando va evasión de impuestos y el traslado de beneficios hacia territorios de baja o nula imposición.
¿Qué son los precios de transferencia?
Los precios de transferencia son los valores pactados en transacciones entre partes relacionadas, como empresas de un mismo grupo corporativo. Según el principio de plena competencia, dichas operaciones deben realizarse como si las partes fueran independientes, reflejando condiciones de mercado.
Regulación en Costa Rica
En Costa Rica, los precios de transferencia están regulados a través del artículo 81 bis de la Ley de Impuesto sobre la Renta, introducido por la Ley para el Florecimiento de las Finanzas Públicas N.º 9635. Este artículo determina que las empresas que realicen transacciones con partes relacionadas deben demostrar que sus ingresos y deducciones intercompañía se han establecido como lo harían entidades independientes, atendiendo al principio de realidad económica.
¿Quiénes deben cumplir con esta normativa?
Las personas físicas o jurídicas que cumplan con alguno de los siguientes criterios de vinculación:
- Una de ellas dirige, controla o posee al menos el 25% del capital social o derechos de voto de la otra.
- Cinco personas o menos controlan ambas entidades con al menos el 25% de participación directa o indirecta.
- Entidades que formen parte de una unidad de decisión, ya sea por mayoría de votos, control en la administración, o coincidencia en los órganos de gobierno corporativo.
- Relaciones familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
- Contratos de colaboración empresarial donde una de las partes participe en más del 25% de las utilidades o resultados.
- Establecimientos permanentes de empresas residentes o no residentes.
¿En qué consiste la determinación de precios de transferencia?
La metodología para determinar los precios de transferencia incluye:
- Identificación de las operaciones vinculadas: Análisis de las transacciones entre partes relacionadas.
- Análisis funcional: Evaluación de funciones desempeñadas, riesgos asumidos y activos utilizados por cada entidad.
- Selección del método de valoración: Uso de métodos reconocidos, como:
- Precio comparable no controlado.
- Precio de reventa.
- Costo adicionado.
- División de utilidades.
- Método de margen neto.
- Documentación y comparabilidad: Preparación de estudios de precios de transferencia con información interna y de mercado.
Documentación requerida
Para cumplir con las disposiciones locales, los contribuyentes deben gestionar y tener lo siguiente:
- Estudio de precios de transferencia: Documento que respalda el cumplimiento del principio de plena competencia.
- Archivo Maestro: Información sobre la estructura y actividad global del grupo empresarial.
- Reporte País por País: Obligatorio para grupos multinacionales con ingresos brutos iguales o superiores a 750 millones de euros. Este reporte debe presentarse antes del 31 de diciembre del año siguiente a las operaciones.
- Declaración informativa: Presentada por grandes contribuyentes nacionales, grandes empresas territoriales o entidades en zonas francas, cuyas operaciones vinculadas superen los 1.000 salarios base.
Importancia del cumplimiento
Adherirse a las regulaciones de precios de transferencia no solo evita sanciones, sino que también protege la integridad fiscal de las empresas, garantizando relaciones comerciales transparentes y alineadas con el principio de libre competencia. En un entorno regulatorio cada vez más exigente, contar con un soporte documental robusto es esencial para mitigar riesgos fiscales y reputacionales.
En conclusión, los precios de transferencia son un pilar fundamental en la gestión fiscal de empresas con operaciones internacionales. En Costa Rica, el cumplimiento de estas normativas requiere un enfoque estratégico y proactivo, respaldado por un adecuado análisis y documentación. Las empresas deben mantenerse informadas y apoyarse en expertos para garantizar su cumplimiento y optimizar su posición tributaria.
Sanciones por incumplimiento
El no cumplimiento de estas obligaciones puede acarrear severas sanciones. Según los artículos 82 y 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el incumplimiento en la presentación de la información dentro del plazo de 10 días puede resultar en:
- Multa del 2% de los ingresos brutos del periodo fiscal anterior, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.
- Sanciones adicionales por errores, omisiones o incumplimiento de las normativas locales.
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