Debido a la nueva realidad impuesta por la emergencia sanitaria que se ha vivido en el mundo este año, se ha incrementado significativamente el consumo de productos digitales en la región. Por esta razón, varios países de América Latina están aplicando el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a los servicios y productos digitales prestados tanto por proveedores locales como internacionales.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las economías latinoamericanas están abordando eficientemente los desafíos fiscales obtenidos por la digitalización de la economía, lo que sin duda contribuirá a la estabilidad en el sistema tributario internacional.
Por lo anterior, se busca que las empresas multinacionales que ofrecen sus múltiples actividades digitales en la región y obtienen importantes ingresos en varios países simultáneamente, sin tener una residencia fiscal en los mismos, tengan y cumplan unas obligaciones tributarias.
Según publica el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las empresas multinacionales digitales, debido a su alto nivel de flexibilidad y movilidad internacional, eligen el país de residencia y sus centros de operaciones en función de la presión fiscal que enfrentan en cada región. Luego, transfieren sus utilidades gravables hacia jurisdicciones de baja o nula tributación, lo que a su vez agudiza el problema de la evasión y la elusión fiscal a escala internacional.
Por lo anterior y para evitar la evasión de impuestos, países como Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Panamá y Paraguay, entre otros, han establecido un impuesto al valor agregado (IVA) entre el 15 y el 22%, que se debe entregar en los organismos recaudadores de cada nación.
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Fuente: América Economía