Capital humano y competitividad
Con una población de aproximadamente 6.5 millones de habitantes de acuerdo con las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), El Salvador destaca por su fuerza laboral joven, donde más del 55% de la población se encuentra en edad productiva, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) y por un nivel de alfabetización del 90.8%, uno de los más altos de Centroamérica de acuerdo con los datos de la UNESCO, 2024.
En términos de costos, el salario mínimo promedio en el sector industrial ronda los US$365 mensuales de acuerdo con el Ministerio de Trabajo de El Salvador, lo que mantiene al país como un destino competitivo para operaciones manufactureras y de servicios de soporte regional.
El sistema educativo está avanzando hacia una mayor orientación tecnológica: el Programa Nacional de Educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y la Agenda Digital 2025 buscan fortalecer las competencias digitales, mientras que universidades como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la Universidad de El Salvador lideran en formación en ingeniería, negocios y tecnologías de la información.
Para los inversionistas internacionales, El Salvador ofrece talento joven, costos laborales atractivos y una base en proceso de modernización. Estos factores, combinados con políticas de fomento a la innovación y el impulso a la educación técnica, posicionan al país como un punto estratégico para establecer centros de servicios compartidos, manufactura ligera y proyectos de outsourcing tecnológico orientados tanto al mercado americano como al europeo.
Infraestructura y conectividad
El Salvador ofrece una infraestructura logística y digital en proceso de expansión, con avances significativos en transporte, energía y telecomunicaciones que fortalecen su papel como plataforma exportadora y de servicios regionales.
En el ámbito portuario, el Puerto de Acajutla, la principal terminal marítima del país moviliza cerca del 90% del comercio exterior marítimo según las estimaciones de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), mientras que el Puerto de La Unión, en el oriente del país, se prepara para un nuevo modelo de concesión internacional destinado a convertirlo en un hub logístico para el comercio con Asia y América.
El Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero fue modernizado en 2023 con una inversión superior a US$ 250 millones, ampliando su capacidad a más de 5 millones de pasajeros anuales (CEPA, 2024). Además, se proyecta la construcción del Aeropuerto del Pacífico en La Unión, una obra estratégica para el desarrollo del oriente del país y la atracción de inversiones turísticas e industriales.
En conectividad terrestre, la red vial pavimentada supera los 6,800 km, con proyectos de expansión como el Periférico Gerardo Barrios y la Carretera del Litoral, ambos cofinanciados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estas obras buscan mejorar la integración logística con Honduras y Guatemala dentro del Corredor Pacífico Mesoamericano.
El sector energético también avanza hacia la modernización. En 2024, el Banco Mundial aprobó un financiamiento de US$ 350 millones para fortalecer la resiliencia de la infraestructura ante desastres naturales y el cambio climático, así como para impulsar la transición hacia energías limpias.
En telecomunicaciones, El Salvador cuenta con una cobertura móvil de más del 95 % de la población y un crecimiento sostenido de la banda ancha fija, con una expansión anual del 7% (UIT, 2024). Sin embargo, las zonas rurales aún presentan brechas digitales que abren oportunidades para inversiones privadas en infraestructura y servicios tecnológicos.
En conjunto, estos avances configuran a El Salvador como una plataforma emergente en infraestructura y conectividad regional, con oportunidades significativas para proyectos en parques industriales, zonas francas logísticas, servicios digitales, transporte y energía sostenible. Para el inversor, representa un entorno en desarrollo, dinámico y con respaldo multilateral, preparado para acompañar el crecimiento productivo y la integración con los mercados de América y Europa.
Entorno legal y fiscal en El Salvador
El Salvador avanza hacia la consolidación de un marco jurídico y fiscal moderno, orientado a fortalecer la confianza de los inversionistas y armonizar sus normas con los estándares internacionales de transparencia y cumplimiento. Este proceso ha sido acompañado por el apoyo de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), que han aportado líneas de crédito y asistencia técnica para reforzar la estabilidad macroeconómica y la capacidad institucional del país.
El marco legal salvadoreño garantiza la libre repatriación de utilidades, la igualdad de trato entre inversionistas nacionales y extranjeros, y la protección a la propiedad privada, principios consagrados en la Constitución y en la Ley de Inversiones del Ministerio de Economía. Asimismo, se han fortalecido mecanismos de resolución de controversias y simplificado los trámites de registro y permisos a través de la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) y la plataforma Invest in El Salvador, que centraliza la atención a proyectos de capital extranjero.
En materia fiscal, el país mantiene una estructura impositiva competitiva en comparación con la región, con incentivos para sectores estratégicos como tecnología, manufactura, energías renovables, agroindustria y turismo. Las zonas francas y regímenes especiales otorgan beneficios como exenciones temporales del IVA, aranceles reducidos para importaciones y deducciones sobre el impuesto a la renta en inversiones de alto impacto o exportadoras. En 2024 y 2025, se aprobaron decretos que amplían estos beneficios a nuevas áreas industriales y tecnológicas.
Además, el programa de asistencia ampliada del FMI (2024–2025), con un financiamiento de aproximadamente US$5.000 millones, ha reforzado la credibilidad del país en los mercados internacionales y abierto nuevas oportunidades de cofinanciación con organismos multilaterales. Esto se traduce en un entorno financiero más sólido, con mayores garantías y capacidad para estructurar proyectos de infraestructura, energía y servicios globales bajo esquemas público-privados.
En paralelo, el gobierno ha introducido ajustes regulatorios en materia de activos digitales, haciendo voluntaria la aceptación del Bitcoin y alineando su legislación con las recomendaciones del FMI y los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención del lavado de activos (AML/CFT). Estas reformas buscan equilibrar la innovación financiera con la seguridad jurídica y la confianza internacional.
En conjunto, El Salvador ofrece hoy un entorno legal predecible, incentivos atractivos y respaldo financiero multilateral, condiciones que lo posicionan como un destino con alto potencial para inversiones productivas, sostenibles y de largo plazo.
Incentivos a la inversión extranjera
El Salvador ofrece un marco normativo competitivo que promueve activamente la inversión extranjera mediante regímenes fiscales preferenciales y estabilidad jurídica. La Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización y la Ley de Servicios Internacionales contemplan exenciones de impuestos sobre la renta, derechos de importación y tributos municipales por periodos de hasta 15 años, aplicables a empresas que operan en zonas francas, parques industriales o centros de servicios internacionales.
Estos beneficios se extienden a sectores estratégicos como la manufactura avanzada, tecnología, logística, energías renovables y servicios empresariales globales, junto con facilidades aduaneras y libre repatriación de utilidades.
Desde 2024, el gobierno ha fortalecido este esquema a través del plan “El Salvador Productivo e Innovador 2030”, que amplía los incentivos para proyectos de alto valor agregado y fomenta la atracción de inversión sostenible. En conjunto, el país combina seguridad jurídica, previsibilidad fiscal y convergencia con los estándares de la OCDE, ofreciendo a los inversionistas internacionales un entorno favorable para la optimización tributaria y la planificación de largo plazo.
